Las mujeres no contaron con plenos derechos civiles hasta principios del siglo XX. No se les permitía poseer bienes propios, recibidos por herencia u obtenidos a través del trabajo; tampoco podían administrar los bienes matrimoniales. Para comerciar, asociarse a cooperativas, trabajar fuera de la casa o abrir una caja de ahorro, debían pedir autorización al marido o al padre. Judicialmente, eran consideradas incapaces para litigar o prestar testimonio ante la justicia.

El pedido de la ampliación de los derechos civiles fue una de las principales demandas de organizaciones como el Consejo Nacional de Mujeres, creado por Cecilia Grierson en 1900, o la Asociación de Universitarias Argentinas, fundada por Petrona Eyle en 1904. En el año 1926, la reforma del Código Civil sancionó el derecho de las mujeres solteras y viudas a disponer de sus bienes, y con la reforma de 1968 conquistaron la plena capacidad civil. Años después, y luego de masivas y constantes manifestaciones, se sancionaron las leyes de Patria Potestad Compartida (1985) y de Divorcio vincular (1987).

El proceso y la lucha por la emancipación fue una búsqueda de libertad y autonomía. La independencia económica, el derecho a tener un empleo y la potestad sobre los hijos fueron hitos fundamentales en este sentido. Entre ellos, las leyes destinadas a la protección integral de las mujeres contra la violencia por motivos de género son especialmente destacables: en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) propuso, por primera vez, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres con el objeto de luchar contra la violencia que atenta la integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Uno de los hitos más importantes y rupturistas de las últimas décadas fue la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010. Hasta entonces, las lesbianas y bisexuales no tenían derecho a la unión legal civil y a la conformación de una familia. El derecho a casarse fue, sin dudas, una de las conquistas en materia de derechos civiles más importante para la comunidad lgbt+.

En 2012, la Ley de Identidad de Género supuso el acceso de una parte de la sociedad, antes no reconocida por la ley, a su legítimo derecho a la identidad. Esta ley vino a cambiar no solo el concepto de identidad, de género y de familia, sino a reparar y reconocer los postergados derechos civiles de una comunidad.